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PROCEDIMIENTO: 

070019 PROCEDIMIENTO SANCIONADOR DE LA CONSEJERIA DE DESARROLLO SOSTENIBLE

Plazo de resolución: 

EL ESTABLECIDO EN SU NORMATIVA ESPECÍFICA.

Efectos silencio: 

Caducidad

NLE6 PRESENTACION DE ALEGACIONES AL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR DE LA CONSEJERIA DE DESARROLLO SOSTENIBLE

Plazo de presentación de solicitudes: 
Abierto permanentemente. El plazo será el indicado en la correspondiente notificación
Objeto: 
La potestad sancionadora de la Consejería de Desarrollo Sostenible es la facultad de imponer sanciones a través de un procedimiento administrativo, consistiendo la sanción en la privación de un bien o derecho, o la imposición de un deber, al estar vedada por la administración pública las sanciones consistentes en privación de libertad.
Destinatarios: 
Sólo podrán ser sancionadas por hechos constitutivos de infracción administrativa las personas físicas y jurídicas, así como, cuando una Ley les reconozca capacidad de obrar, los grupos de afectados, las uniones y entidades sin personalidad jurídica y los patrimonios independientes o autónomos, que resulten responsables de los mismos a título de dolo o culpa.
Criterios: 
En el caso de procedimientos de carácter sancionador, una vez concluida la instrucción del procedimiento, el órgano instructor formulará una propuesta de resolución que deberá ser notificada a las personas interesadas. La propuesta de resolución deberá indicar la puesta de manifiesto del procedimiento y el plazo para formular alegaciones y presentar los documentos e informaciones que se estimen pertinentes.
Lugar de presentación: 
Personas físicas:

A) En los Registros de la Consejería de Desarrollo Sostenible así como en los demás lugares previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015 ,de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
B) De forma telemática.
Personas jurídicas:
A) De forma telemática.
Marco legal: 

-Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas
-Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público
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